El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (todavía pendiente de ratificación por el Congreso de los Diputados), ha modificado las “causas económicas” de despido y ha extendido su uso a la inaplicación de las condiciones incluidas en convenios colectivos. Con las modificaciones introducidas, el Estatuto de los Trabajadores presume que existen estas causas económicas “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas”, añadiendo que “se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos” (tres trimestres en el artículo 51 y dos en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores)

Por José Carlos García Fajardo
Nos unimos a quienes aúnan esfuerzos por una sociedad más justa sin esperar a tener las respuestas ni a ser justos nosotros mismos sino a convocar el debate y ponernos en marcha conscientes de que en la tardanza está el peligro

Las Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), formada por 33 universidades públicas españolas, en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, presenta una primera iniciativa conjunta que se materializa en este manifiesto con una idea de partida: sólo las universidades que funcionan bajo el prisma de una igualdad real entre mujeres y hombres pueden alcanzar la calidad y la excelencia académicas

Por Asociaciones de Investigadores

“Nadie tiene que sentir inquietud alguna”, ésta fue la frase que lanzó D. Mariano Rajoy la noche del 20 de Noviembre de 2011. Sin embargo, las alarmas de la comunidad científica se han encendido. En tan solo un mes, se anunció la supresión del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el traspaso de todas las políticas de I+D+i a una Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, más un recorte de 600 millones a las ayudas de I+D+i, para reducir el gasto del Estado